2019. El ODS 16 y el sistema penal
El ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas”, constituye la referencia central para examinar el sistema penal desde la Agenda 2030. No identifica justicia con condena. Su lógica exige que todas las fases, desde la prevención hasta la ejecución penal, funcionen con eficacia, independencia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
Las metas 16.1 a 16.5 conforman el núcleo penal: reducir todas las formas de violencia; poner fin al maltrato, explotación, trata y tortura de niños; promover el Estado de Derecho y el acceso igualitario a la justicia; reducir los flujos financieros y de armas ilícitos, recuperar activos y combatir la delincuencia organizada; y disminuir sustancialmente la corrupción y el soborno. Las metas 16.6, 16.10, 16.a y 16.b completan el diseño mediante instituciones responsables, acceso a la información, fortalecimiento institucional y leyes no discriminatorias.
La meta 16.3 obliga a observar el proceso penal desde una doble perspectiva. Para la víctima, requiere canales seguros de denuncia, información comprensible, asistencia jurídica, protección frente a represalias, participación y reparación. Para la persona investigada, exige juez independiente, defensa efectiva, contradicción, igualdad de armas, plazo razonable y control de las medidas cautelares.
El indicador relativo a personas detenidas sin sentencia muestra que la prisión provisional no puede convertirse en pena anticipada ni utilizarse para compensar ineficiencias estructurales.
La eficacia institucional tampoco equivale a maximizar estadísticas de detención o condena. Una institución penal sólida investiga de forma técnica, selecciona prioridades de manera racional, motiva sus decisiones, rinde cuentas y corrige errores.
La independencia judicial y fiscal debe coexistir con mecanismos de responsabilidad; la digitalización debe mejorar el acceso sin generar exclusión; y el empleo de algoritmos, inteligencia artificial o análisis predictivo requiere transparencia, supervisión humana y control de sesgos.
El ODS 16 exige además datos fiables y desagregados. La tasa de homicidios, la prevalencia de violencia, la denuncia ante autoridades y la proporción de presos preventivos son indicadores expresos, pero una evaluación completa debe incorporar archivo e impunidad, revictimización, asistencia letrada, percepción de independencia, ejecución de resoluciones y desigualdad territorial.
El sistema penal contribuye al desarrollo sostenible cuando protege eficazmente sin sacrificar garantías. Su legitimidad depende de que la respuesta frente al delito sea legal, proporcionada, accesible y verificable, y de que ninguna persona quede fuera de la protección de la justicia por pobreza, género, edad, discapacidad, origen o situación administrativa.
Meta principal: ODS 16.1-16.6, 16.10, 16.a y 16.b.
Fuentes institucionales de referencia: Naciones Unidas, ODS 16 y sus metas; UNODC, materiales sobre prevención del delito y justicia penal. Véanse las referencias generales al final del tema 10.